Presentación de Gestión de Fincas Lavimar, S.L.



Gestión de Fincas Lavimar, S.L., se dedica a gestionar de formar eficiente y transparente Comunidades de Propietarios, esforzándose por ofrecer un servicio ágil y de calidad que satisfaga las necesidades particulares en cada caso.

Con una experiencia contrastada en el sector, ofrecemos una atención directa a los propietarios, trabajando constantemente para optimizar los costes de los mantenimientos, servicios y suministros contratados por la Comunidad.

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Licencia de obra menor



Licencia de obra menor
Una comunidad de propietarios que quiere ejecutar algún tipo de obra en su comunidad deberá realizar una comunicación previa para poner estos hechos en conocimiento de la Administración municipal que tenga competencias en urbanismo. Será necesario aportar los datos identificativos y demás requisitos exigibles para el inicio de la actividad.

Están sujetas a esta obligación como consecuencia de la ejecución de obras menores, esto es, aquellas que apenas tienen entidad constructiva y económica y que suelen referirse a trabajos de reparación o decoración que no precisan proyecto técnico.

Son obras menores aquellas realizadas en aras de la conservación y mantenimiento del edificio que no precisen la colocación de andamios, las de acondicionamiento menor en viviendas y locales como las de renovación o modificación de techos, paredes o calefacción; las que afecten a los exteriores del edificio, siempre y cuando no afecten a elementos estructurales ni impliquen la modificación general de fachada como reparación de portadas, canalizaciones y colocación de otras infraestructuras menores como las utilizadas para la radiodifusión sonora, televisión o la telefonía básica. Se unen a estas, los trabajos que se realizan para acondicionar los espacios libres de la parcela y que tienen por objeto el ajardinamiento o pavimentación.

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Propietarios morosos, ¿cómo reclamar?



Propietarios morosos, ¿cómo reclamar?
La normativa aplicable a los inmuebles sometidos a un régimen de propiedad horizontal, encabezada por la Ley de Propiedad Horizontal, ha previsto un procedimiento para los casos en los que un copropietario no cumple con las obligaciones debidas por razón de ese título.

Se articula un procedimiento monitorio específicamente para las comunidades de propietarios en las que uno de ellos no cumple en tiempo y forma con las obligaciones que el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal establece a los mismos.

Este procedimiento se iniciará por parte del presidente de la comunidad o del administrador de fincas, si la Junta de Propietarios llega a tal acuerdo. El objeto del procedimiento es la reclamación al propietario moroso de aquellos gastos comunes a los que no ha hecho frente o la aportación correspondiente al fondo de reserva. El límite de la reclamación estipulada por la Ley es de 250.000 euros.

La Ley no obliga a que en este tipo de procesos haya que contar con la presencia de un abogado y/o procurador, sin embargo, si así se considera por la comunidad, los honorarios de estos profesionales podrán ser reclamados junto a las cantidades debidas a la misma al propietario moroso.

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¿Puede el Presidente de una comunidad despedir al portero?



¿Puede el Presidente de una comunidad despedir al portero?
El Presidente de una comunidad es aquella persona que ha sido elegida por el resto de propietarios en una Junta para la representación de la Comunidad por lo que el criterio del Presidente será el de la Junta, sin perjuicio de la responsabilidad que sobre el recaiga derivada de tal representación.

Ello supone que no es necesario que en todas las actuaciones que el Presidente lleve a cabo como tal requiere de la autorización expresa de la Junta de Propietarios, sin embargo, lógicamente las acciones de este deberán seguir la línea de lo querido por estos y buscar el interés de la Comunidad.

La jurisprudencia contempla casos en los cuales el Presidente de una comunidad toma la determinación de despedir al portero que trabaja para la misma. Algunas de estas sentencias se inclinan por el sometimiento de esta decisión a la Junta que deberá aprobarlo por la mayoría de los propietarios asistentes que representen la mayoría de las cuotas de participación. Sin embargo, se ha aceptado el hecho de que el Presidente como representante legal de la Comunidad proceda al despido y posteriormente la Junta de Propietarios revoque o ratifique la decisión de este asumiendo las consecuencias de la misma.  

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¿Es posible convocar una Junta de vecinos a través de correo electrónico?



¿Es posible convocar una Junta de vecinos a través de correo electrónico?
Una Junta de Propietarios debe convocarse como mínimo una vez al año y cada vez que el Presidente de la Comunidad lo considere necesario o así lo exija un número concreto de propietarios tal y como establece la Ley de Propiedad Horizontal.

La convocatoria de propietarios debe ser notificada a todos los comuneros a través de una citación que de acuerdo con lo que establece la Ley de Propiedad Horizontal en el apartado segundo del artículo 16 debe realizarse en el domicilio que el propietario haya indicado como tal a efectos de notificaciones o en su defecto en el espacio perteneciente a la comunidad del que sea propietario.

Hay que tener en cuenta que esta es una obligación y que en caso de no cumplimiento es posible la impugnación de los acuerdos alcanzados en tal reunión.

 En cuanto a la posibilidad de que la notificación de convocatoria de una junta de vecinos se realice por correo electrónico, la jurisprudencia no es tajante pero sí establece que en caso de que un vecino impugne un acuerdo alegando la falta de notificación cuando esta se realizó por este método, la comunidad debe acreditar la recepción del mismo por parte del vecino apelante.

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Reclamación de deudas a bancos



Reclamación de deudas a bancos
Los datos de 2013 establecen que a las comunidades de vecinos se les adeuda más de 1.700 millones de euros, cuantía que se verá incrementada durante este 2014. Esta situación tiene su razón de ser en el momento de crisis que vive nuestro país por el que muchas familias no pueden hacer frente a los gastos de su comunidad, ordinarios o extraordinarios, duplicándose los casos de impagos.

Sin embargo, no todas estas deudas corresponden a familias que residen en el inmueble pero no pueden hacer frente a los gastos sino que en muchas ocasiones los pisos ya han pasado a manos de entidades bancarias que a pesar de quedarse con la propiedad no hacen frente a las obligaciones que ello supone.

Las Comunidades de vecinos ven muy difícil poder reclamar frente a estas entidades el pago de las cantidades debidas, bien por no encontrar un interlocutor válido o bien porque el proceso es largo y complicado ya que los propios mecanismos y organización interna de la entidad suponen un retraso en la posibilidad de regularizar la situación adecuadamente, incluso cuando por sentencia firme se ha declarado la obligación del pago de las cuotas por la entidad actual propietaria del inmueble.  

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Obligación de los bancos a comunicar sobre desahucios



Una de las razones de la morosidad en las comunidades de propietarios viene dada por el impago de cuotas u obligaciones de las que son responsables las entidades financieras.

Precisamente, con el objetivo de terminar con este tipo de morosidad la comisión de Economía del Congreso ha aceptado una proposición no de Ley para evitar que las entidades financieras retrasen intencionadamente hacer pública la titularidad sobre un inmueble con el fin de eludir el pago de estas cantidades.

Las entidades financieras como consecuencia de las ejecuciones realizadas sobre viviendas o locales pasan a ser titulares de estos inmuebles por lo que deberían llevar a cabo la oportuna inscripción en el Registro de la Propiedad y como propietarios hacer frente a las cargas que comporta esta condición frente a las comunidades de propietarios, lo que de acuerdo con los datos parece que en muchas ocasiones no se produce.

Esta propuesta busca obligar a las entidades financieras que en el plazo de siete días tengan que realizar una comunicación sobre el cambio de titularidad del inmueble para que se puedan llevar a cabo los trámites necesarios y poder asignar las obligaciones correspondientes como propietarios, así como hacer frente a las obligaciones vencidas.

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